El marco de la firma electrónica en Filipinas se basa en la Ley de Comercio Electrónico de 2000 (Ley de la República n.º 8792), una legislación tecnológicamente neutra inspirada en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico. El artículo 8 otorga a la firma electrónica los mismos efectos jurídicos que a la manuscrita siempre que se cumplan cuatro condiciones: que un método identifique al firmante e indique su acceso al documento, que dicho método sea fiable y adecuado para la transacción, que el firmante haya tenido que utilizarlo para proceder y que la otra parte pueda verificarlo. El artículo 9 atribuye una presunción iuris tantum de autenticidad e intención de firma a toda firma que cumpla dicho criterio, a menos que la parte que confía en ella tuviera conocimiento de un defecto o que la presunción resulte irrazonable dadas las circunstancias.

Tipos de firma reconocidos

Firma electrónica: La Ley 8792 reconoce una categoría general en lugar de un sistema formal de varios niveles. La firma respaldada por pistas de auditoría de Firma.dev (es decir, verificación de identidad, documentos con detección de manipulación y registros con marca de tiempo) cumple el criterio de fiabilidad del artículo 8/9 que rige los contratos comerciales ordinarios.

Firma digital: Las Reglas sobre Pruebas Electrónicas del Tribunal Supremo de Filipinas (A.M. n.º 01-7-01-SC, 2001) definen una "firma digital" más restringida y basada en un criptosistema asimétrico (un par de claves pública/privada), la cual conlleva su propia presunción probatoria una vez autenticada ante el tribunal. Se trata de una norma de prueba que los tribunales utilizan en los litigios y no encaja exactamente en una escala del tipo SES/AES/QES, ya que no constituye un nivel obligatorio para la validez de los contratos.

La Ley 8792 no contiene una lista explícita de documentos excluidos. En su lugar, el artículo 7(c) preserva los requisitos formales de otras leyes vigentes, y varias de ellas siguen exigiendo la formalización tradicional. Los testamentos y codicilos mantienen las formalidades establecidas por el Código Civil. Los títulos valores (cheques, pagarés) se siguen rigiendo por la Ley de Títulos Valores, orientada al soporte en papel. Las escrituras de transmisión o gravamen de bienes inmuebles y los poderes notariales utilizados para transacciones inmobiliarias o gubernamentales requieren la intervención de un notario de acuerdo con el Decreto de Registro de la Propiedad (PD 1529) y las Reglas de Práctica Notarial de 2004; ambos exigen la comparecencia personal ante un notario público, un paso que ninguna plataforma de firma electrónica, incluida Firma.dev, puede completar de forma remota.

En materia de protección de datos, la Ley de Privacidad de Datos de 2012 (RA 10173) tiene efectos extraterritoriales: se aplica a cualquier entidad que trate datos personales de residentes en Filipinas, incluso sin disponer de una oficina local, con un alcance similar al del RGPD pero con un funcionamiento diferente. La Comisión Nacional de Privacidad (NPC) exige el registro de las entidades que traten información personal sensible de 1.000 o más personas, utilicen la toma de decisiones automatizada o la elaboración de perfiles, traten datos de personas vulnerables o tengan en plantilla a 250 o más trabajadores (Circular n.º 2022-04 de la NPC, en vigor desde el 2 de enero de 2023). Los datos ordinarios de las pistas de auditoría de las firmas electrónicas, es decir, el nombre, el correo electrónico, la dirección IP y la marca de tiempo del firmante, generalmente no entran en la categoría de "información personal sensible" tal como la define la RA 10173, por lo que es improbable que Firma.dev tenga la obligación de registrarse debido a su propio tratamiento. No obstante, los clientes que actúen como responsables del tratamiento de los datos deben confirmar su propia situación de registro de manera independiente, ya que sus límites dependen de su volumen total de datos y no del de Firma.dev.

Las transferencias transfronterizas están permitidas en virtud de las normas de desarrollo de la RA 10173 cuando el territorio receptor ofrece una protección adecuada, el interesado da su consentimiento o la transferencia es necesaria para la ejecución del contrato. Actualmente no existe ningún acuerdo de adecuación mutua entre Filipinas y la UE, por lo que el alojamiento de Firma.dev en la UE no se considera automáticamente adecuado de la misma manera que se haría en el caso de un territorio que cuente con una decisión de adecuación de la Comisión. En la práctica, el consentimiento obtenido en el momento de la firma y las salvaguardas contractuales habituales cubren la mayoría de los casos de uso B2B.