El marco de firma electrónica de Singapur se fundamenta en la Electronic Transactions Act 2010 (Cap. 88) («ETA»), que incorpora la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico y la adhesión de Singapur a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales. La ETA adopta un enfoque neutral desde el punto de vista tecnológico y de equivalencia funcional: no impone ninguna tecnología de firma concreta, sino que se centra en si un método identifica de forma fiable al firmante e indica su intención de firmar.

Con arreglo al artículo 8, una firma electrónica satisface el requisito legal de firma cuando se utiliza un método para identificar al firmante e indicar su intención, y dicho método es tan fiable como resulte apropiado para las circunstancias o se demuestre de hecho que ha cumplido esas funciones. La ETA también reconoce una categoría superior, la Firma Electrónica Segura, para los métodos que son exclusivos del firmante, capaces de identificarlo, creados bajo su exclusivo control y vinculados al registro de modo que cualquier alteración posterior sea detectable. Las Firmas Electrónicas Seguras conllevan presunciones legales de autenticidad, integridad e intención de firmar, lo que traslada la carga de la prueba a quien las impugne. Una tercera categoría, la Firma Digital basada en PKI y verificada a través de una Autoridad de Certificación acreditada (Netrust Pte Ltd es la principal CA acreditada de Singapur), funciona como el equivalente más cercano en Singapur a una firma electrónica cualificada y se reserva generalmente para determinados trámites gubernamentales, regulatorios y del sector de la construcción.

El Primer Anexo de la ETA excluye de la firma electrónica a determinadas categorías: testamentos, fideicomisos, poderes notariales y contratos formales bajo sello (con excepciones limitadas para los poderes notariales duraderos y los fideicomisos implícitos o presuntos), así como los contratos para la venta o disposición de bienes raíces o la transmisión de derechos sobre bienes inmuebles. Históricamente, los títulos de crédito y los conocimientos de embarque también estaban excluidos, aunque la Electronic Transactions (Amendment) Act 2021 introdujo un régimen de documentos transferibles electrónicos, adoptando la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Documentos Transferibles Electrónicos (LMDTE), lo que permite emitir electrónicamente documentos comerciales como conocimientos de embarque y resguardos de depósito dentro de un sistema compatible. Las partes conservan la libertad de excluir contractualmente las firmas electrónicas o de imponer requisitos de autenticación adicionales para una transacción determinada.

Los tribunales de Singapur han aplicado sistemáticamente un enfoque funcional a las firmas: en el caso M Integrated Transware Pte Ltd contra Schenker Singapore (Pte) Ltd, el Tribunal Superior sostuvo que lo que importa es si una marca cumple la función de una firma y no su forma particular, lo que refuerza que las firmas electrónicas ordinarias tienen un valor probatorio real incluso fuera de la categoría «segura». Para la mayoría de los casos de uso de SaaS y B2B, esto significa que las firmas electrónicas estándar o seguras son exigibles con total confianza, y una autenticación más sólida (verificación de identidad, sellado de tiempo, un rastro de auditoría inviolable) mejora significativamente la fuerza probatoria en caso de litigio.