El marco de la firma electrónica en México se apoya en dos pilares: el Código de Comercio y la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

El Código de Comercio, reformado en 2000, 2003 y 2009, añadió los artículos 89 al 114 bis para establecer la equivalencia funcional entre los documentos electrónicos y en papel, y entre las firmas electrónicas y manuscritas. El artículo 89 establece la base de referencia: las partes pueden utilizar cualquier tecnología que acuerden, y los tribunales no pueden negar efectos jurídicos a un documento solo por el hecho de ser electrónico.

Tipos de firmas reconocidos

Firma Electrónica Simple: Cualquier dato electrónico que identifique al firmante y demuestre su aprobación. Es válida para la mayoría de los contratos comerciales, y su fiabilidad se argumenta caso por caso en caso de ser impugnada.

Firma Electrónica Avanzada (o Fiable): Cumple con la prueba de cuatro partes del artículo 97 del Código de Comercio: los datos de creación de la firma pertenecen exclusivamente al firmante, dichos datos estaban bajo el control exclusivo del firmante en el momento de la firma, y cualquier alteración posterior de la firma o del mensaje de datos subyacente puede ser detectada. El cumplimiento de esta prueba otorga a la firma una presunción legal de autenticidad que la Firma Electrónica Simple no conlleva automáticamente.

Se trata de un sistema genuinamente de dos niveles que no se corresponde con la estructura de la UE de SES, AES y QES. México no tiene una tercera categoría por encima de la Avanzada con su propia presunción legal independiente. La Ley de Firma Electrónica Avanzada, promulgada en 2012, no crea un nuevo nivel de firma. Establece cómo las dependencias gubernamentales y el SAT, la autoridad fiscal de México, implementan el nivel Avanzado para sus propios fines, de manera más visible a través de la propia e.firma del SAT. Los proveedores de servicios de certificación privados, denominados Prestadores de Servicios de Certificación, están acreditados por la Secretaría de Economía y emiten certificados que las partes privadas pueden utilizar para cumplir con la prueba de la firma Avanzada. Dicha acreditación proporciona al firmante una vía aceptada para obtener el estado de firma Avanzada. No añade un nivel legal independiente por encima de ella.

Una reforma de 2023 a la Ley General de Sociedades Mercantiles extendió las firmas electrónicas a los actos corporativos, como las resoluciones de los accionistas, y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de 2023 admite los documentos firmados electrónicamente como prueba en las mismas condiciones que el papel. Junto con la regla de equivalencia funcional del Código de Comercio, esto cubre la gran mayoría de la documentación comercial que una empresa de SaaS, agencia o equipo interno pueda necesitar firmar.

La novedad más clara es una tesis publicada el 24 de octubre de 2025 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México, que aborda qué nivel de firma necesita un pagaré digital para funcionar como título ejecutivo de crédito. El tribunal concluyó que solo una Firma Electrónica Avanzada satisface ese estándar, apoyándose en la NOM-151, la norma técnica para la conservación de mensajes de datos, para justificar el requisito. Los analistas han rechazado este razonamiento: la NOM-151 regula la conservación de documentos y el sellado de tiempo, no la atribución de firmas, y la resolución introduce de hecho un requisito de certificación en una ley que nunca lo impuso para los contratos privados en general. Se trata de una tesis de circuito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre la cuestión, y vale la pena seguirla de cerca si su producto emite o gestiona pagarés específicamente.

Para la mayoría de las empresas de SaaS, agencias y equipos internos que operan en México, una Firma Electrónica Simple o Avanzada cubre contratos comerciales, contratos de trabajo, acuerdos de confidencialidad y licencias de software sin necesidad de un notario, un certificado acreditado o la propia e.firma del SAT. Esos requisitos se aplican a una lista específica de excepciones: testamentos, transferencias de propiedad, actas de estado civil, actas notariales y ahora, según la disputada tesis de 2025, los pagarés digitales.